El Contrato Social, es un libro escrito por el filosofo suizo, Jean Jacques Rousseau, publicado en 1762. Entre otras cosas, esta obra aborda la cuestión que para vivir en sociedad, las personas forman un pacto social implícito que crea reglas de comportamiento moral y politico. El pueblo da poder a sus gobernantes para que dirigan el Estado – contribuyendo con sus impuestos – y estos, a su vez, le deben rendir cuentas de la gestión: una suerte de mandante/mandatario. En esencia, y por disposición constitucional, el presidente de la República como jefe de la administración pública central debe rendir cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior. Sin embargo, muy pocos ciudadanos ponen la debida atención a esa “rendición” de cuentas, y otros menos retienen “datos” claves de su desempeño para luego poder exigir jurisdiccionalmente su control, en caso de incumplimiento.
La materia prima para interactuar con el gobierno es conocer los datos de su gestión. Nadie puede exigir lo que no conoce. Por eso, hoy en día, se habla de una gestión pública de datos abiertos, también conocido por las palabras inglesas open data, y que básicamente consiste en el proceso que pone al alcance de la sociedad los datos públicos de los que dispone la administración, en formatos digitales, estandarizados y abiertos, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y reutilización. Gracias a los procesos open data, los ciudadanos, las empresas y, en general, cualquier organización pueden acceder cuando quieran y fácilmente a estos datos para informarse o para crear nuevos servicios, y aumentar el valor social y, si es el caso, también el valor comercial de esta información.
En nuestro país, el acceso a los datos abiertos no debe ser solo retórica política, es un derecho consagrado dentro del abanico de sub derechos de la buena administración previsto en el artículo 4 de la ley N. 107/13, sobre derechos de las personas, y según el cual cada dominicano tiene derecho de acceso a la información de la administración. Mediante el decreto presidencial N. 103/22 de fecha 01-marzo-22, fue aprobada la Política Nacional de Datos Abiertos, la cual se encuentra disponible en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana (accediendo al enlace https://datos.gob.do) y que será administrado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta política, que según el mismo decreto es de observancia obligatoria para todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública bajo dependencia del Poder Ejecutivo, también podrá ser acatada de forma “voluntaria” por otras entidades públicas como órganos constitucionales, gobiernos locales y los poderes legislativo y judicial.
Aunque pudiera parecer algo sencillo, colocar a disposición del ciudadano los datos de carácter público, no siempre lo es, pues supone un evidente esfuerzo tecnológico en digitalizar y clasificar la información. La inexistencia de una necesaria estandarización y disgregación, y la utilización de formatos poco accesibles por los ciudadanos reduce el desarrollo de nuevos servicios. De igual forma aparecen otras barreras para la implementación, pues en algunas ocasiones, los funcionarios no tienen la formación técnica necesaria para la reutilización de los datos públicos. Por otro lado, la reutilización de los datos del sector público conlleva costes adicionales para las administraciones y no siempre se cubren con facilidad. A lo anterior, se agrega la falta de respuesta e interés de las diferentes administraciones a la hora de entender las necesidades de las empresas infomediadoras.
Se debe celebrar que el gobierno dominicano se haya enganchado en la ola internacional de los datos abiertos, siempre y cuando esta apertura se dé en tiempo real desde las instituciones que conforman la administración. Los datos abiertos no solo mejoran la transparencia y la rendición de cuentas de un gobierno, sino que también pueden generar beneficios económicos, soluciones innovadoras para el avance de la comunidad y el apoyo a las funciones de las administraciones públicas.
Existen diferentes razones que dan sentido a la implementación de políticas de datos abiertos, estas razones tienen que ver con beneficios sociales, los cuales tienen implicaciones prácticas en la calidad de vida de una sociedad. En base a lo anterior es posible asumir que las dos razones principales que motivan a los gobiernos a publicar datos abiertos son: a) el desarrollo de la calidad democrática y, b) el desarrollo de la economía. Con respecto a la primera razón, los gobiernos explotan las iniciativas de datos abiertos para dar acceso a la información y ser más transparentes. La segunda razón, por otro lado, permite el crecimiento de la información y la generación de valor social y emprendedor. Si bien los datos confidenciales o personales no se pueden compartir por una protección jurídica, otros datos pueden tener un valor económico para empresas o individuos si se explotan (tal es el caso de la ley N. 172-13, sobre información crediticia). En este sentido, la publicación de datos, como datos de tráfico, meteorológicos, presupuestarios, geoespaciales y geográficos, brinda a los consumidores la oportunidad de crear nuevos servicios que, además de ser rentables, también pueden beneficiar el bien común.
Los modelos de gestión pública que ha asumido el aparato gubernamental han cambiado considerablemente debido fundamentalmente al uso social de las nuevas tecnologías, donde la información fluye en grandes cantidades y en tiempo real. En este sentido han surgido fenómenos disruptivos asociados a las tecnologías sociales que están revolucionado el sistema gubernamental, y muestra de ello son precisamente los datos abiertos. La política de open data muestran un potencial tan elevando que se ha llegado hablar de una revolución de datos, esto implica un cambio disruptivo en la agenda de los gobiernos. Empero, esta transformación podría tener efectos negativos si se llegara a salir de control, el poder de los datos cada día es mayor dentro de una era de la información, como la que estamos viviendo. En la actualidad, muchas sociedades son dependientes de sistemas tecnológicos que trabajan con datos, y aunque el tema de la protección de datos ha cobrado mucho auge en un sentido normativo, existen interés económicos y políticos que han sacado ventaja desleal de los datos.
Considerando el peligro y fragilidad de manejar los datos con intereses perversos, es necesario y complicado valorar cuidadosamente la apertura de datos y el tipo de datos al que se busca tener acceso universal con el fin de generar beneficios sociales. Estos aspectos deben ser tomados en cuenta, en sociedades como la nuestra, donde en el pasado reciente hemos tenido delicados episodios de hackeo a la data y sistemas de instituciones de gobierno y/o funcionarios públicos. Finalmente, como se dijo en el introito, el gobierno abierto requiere una planificación estratégica de cara a lograr una traducción de la retórica y discursos políticos en acciones de política pública con valor social que promuevan la correcta explotación de los datos abiertos. La real implementación de este sistema no solo redundará en beneficio y empoderamiento social, sino que también contribuirá con los problemas de opacidad y la percepción de corrupción de la ciudadanía.
Referencias:
Bello García, A. (2018). Datos Abiertos y Participación en el Gobierno Social. Universidad de Oviedo, artículo en línea.
Ruvalcaba Gómez, Edgar ((2020). Datos abiertos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, pp. 327-334
Garriga-Portalá, M. (2011). ¿Datos Abiertos en forma Sostenible? Revista El Profesional de la Información. mayo-junio, v. 20, n. 3
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