Argenis García
Del Rosario Derecho
Administrativo
Juez del Tribunal Superior de Tierras, Dpto.
Este
docente de Derecho Público en UCE, UASD y EMP
Magíster en Derecho de la Administración del Estado,
Magíster en Derecho Tributario y Procesal
Tributario.
La Administración
Pública es para Hacer Feliz a la Gente.
RESUMÉN:
[Muchos
gobiernos del mundo, hoy en día, basan su desarrollo social en función del
crecimiento de su Producto Interno Bruto, a pesar de que los índices de paz y
felicidad de entidades que se dedican a esos fines, colocan a esos mismos
gobiernos en la cola de sus listas. ¿Qué estamos haciendo mal, cuando hay un
sistema económico in crescendo para el país, pero
su gente no se siente feliz? Se ha dicho, con toda razón, que la finalidad de
todo gobierno es la felicidad de su gente, veamos en las siguientes líneas
algunos enfoques a tomar en consideración para la concreción de esa finalidad.]
PALABRAS
CLAVES:
[Felicidad.
Producto. Interno. Bruto. Servicio. Público. Calidad. Bienestar. General.
Seguridad. Salud. Educación. Transporte. Crecimiento. Económico. Gobierno.
Dignidad.]
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Introducción »
Los libros que desarrollan científicamente
la antropología y teoría de la evolución del hombre, citan a una distancia de
más de seis millones de años la aparición de las primeras sociedades
civilizadas. Incluso, si lo vemos desde un punto de vista religioso-cristiano,
desde la creación de los primeros hombres, se observan rasgos de agrupación y
crecimiento conjunto entre los orígenes de asentamientos humanos. Desde que el
ser humano comenzó a multiplicarse y a expandir su dominio sobre la tierra y
toda la creación, advirtió que había necesidades colectivas que no podían ser
satisfechas por la generalidad de los hombres al mismo tiempo. Era necesario,
la creación de alguna figura o institución que se encargase administrar los
intereses colectivos de cada quien para dar respuestas universales a aquellas
necesidades consideradas como comunes a todos: alimentación, salud, educación,
seguridad, etcétera.
Podría decirse que los orígenes mismos de
la administración pública, en su concepción más rudimentaria, se remontan a la
evolución misma del ser humano pues, con ese proceso evolutivo desde sus
inicios apareció la necesidad de organizar, diseñar, regular, controlar o
ejecutar acciones orientadas a la satisfacción de aquellas necesidades. Empero,
históricamente, unas sociedades más que otras, hicieron aportes al desarrollo
de este concepto como hoy lo conocemos, entre ellos los pueblos griegos,
egipcios y romanos. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando se dan grandes
avances en materia de administración pública llevándonos a tiempos de la
innovación y la tecnología tal y como la conocemos hoy. Pero desde aquellos
tiempos, hasta nuestros días, el control, manejo, diseño y ejecución de los
planes destinados al bienestar social han sido colocados en manos de líderes
políticos que conducen ese “poder” otorgado por la mayoría hacía los mejores
intereses colectivos.
Naturalmente, aunque todos somos legítimos
dueños y señores del interés general[1], así como de todos los bienes
y servicios públicos, es imposible que todo ese colectivo sea capaz de
administrar ese todo al mismo tiempo, sino que se hizo imperioso dividir el
trabajo, asignar funciones (directas o por representación popular) como un
reducto más de planeación y organización que, a la postre, conducen a un mismo
concepto: administración pública. Visto de esa forma, concluirá el lector, que
la administración pública en sus diferentes conceptos que se le puedan otorgar
o las maneras políticas que existan en cada país, al final del día solo tienen
un origen común y un destino por igual: el bienestar general del pueblo.
«
La Administración
Pública es para Hacer Feliz a la Gente
»
En estos días
que uno sale las calles y tiene la sensación de que cada quien anda con un
enojo y agresividad inmanejable encima, donde conducir un vehículo de motor en
esta sociedad “civilizada” es prácticamente una hazaña, tomando en cuenta que tenemos
un índice de mortandad por accidentes de tráfico vehicular de un 41.7 muertes
por cada cien mil habitantes en nuestro país, que además ocupa, el segundo
lugar en la lista mundial en ese renglón según datos de la Organización Mundial
de la Salud[2],
es imposible replantearnos nuestro futuro como sociedad. El servicio de
transporte público en nuestro territorio parece haber colapsado frente a la
demanda de usuarios del sistema, y principalmente, frente a las condiciones
precarias en que es ofrecido al público. Nuestro parque vehicular supera, con
creces, la capacidad de una sociedad “organizada” como la nuestra y en las
llamadas “horas pico” el colapso en el tránsito es caótico provocando largos
entaponamientos que no solo contribuyen a la quema de un combustible cada
semana más oneroso, sino también a un desperdicio de tiempo lamentable en los
ámbitos productivos de cada quien.
Nuestro parque
vehicular sigue en aumento, las estadísticas muestran que en el año 2017 hubo
un incremento de un 6.3% con respecto al año 2016 para un total de 4,097, 338
unidades de vehículos de motor, donde el 54% de esa cantidad son de
motocicletas que, como sabemos, proliferan como la hierba mala en nuestras
calles y avenidas[3].
Ese aumento en el parque vehicular anuncia un estimado de 2 vehículos por
persona, lo que sin dudas es alarmante. Lógicamente, en suelo patrio, tener uno
o dos vehículos en el aparcamiento de la casa (o incluso en la vía pública) no
es un lujo, es una necesidad frente a un servicio de transporte público que no
garantiza los estándares mínimos de seguridad, confort y disponibilidad.
Más recientemente el Institute For
Economics and Peace, dio a conocer su “índice de paz global” – un indicador que
mide por país, o a nivel regional, el nivel paz – en el mes de abril 2019, en
el que se destaca que la República Dominicana tiene el posicionamiento número
tres en el porcentaje de personas que no sienten seguridad al transitar por las
calles o avenidas de nuestros barrios y ciudades durante horas nocturnas. Se
destacan indicadores preocupantes que se incrementan en nuestro territorio como
la percepción de criminalidad (4.0), violencia doméstica (3.0) o la tasa de
homicidios que alcanza un 4.7 por ciento[4]. Este reporte revela que
uno de los servicios públicos más elementales de las políticas públicas de un
gobierno, como es la seguridad de su gente, no se encuentra en las mejores
condiciones, un hecho que según otros informes del mismo organismo no ha
variado desde mayo del año 2007 cuando se rindió su primera edición en dónde
nuestro país ocupaba el puesto número 74 de 163 países que obtuvieron la
calificación más alta con respecto a las naciones consideradas más pacíficas,
mientras que en este reporte de 2019, descendimos a la posición número 91, lo
que implica que en apenas 12 años nuestro puntaje de paz bajo 17 posiciones en
la escala de países evaluados.
En lo que va de este año 2019 también, se
ha dado a conocer el “Informe Mundial de la Felicidad” (The World Happiness
Report) publicado por la Organización de las Naciones Unidas y disponible en su
portal web[5]. Según dicho informe, de
un listado de 156 países, Finlandia ocupa el lugar número uno (por segundo año
consecutivo), y dentro de la última posición de los países menos felices del
mundo, lo ocupan la vecina nación de Haití en el puesto número 147 y Sudán del
Sur en la posición número 156; mientras que, la República Dominicana – a pesar
del buen humor y la jocosidad innata de los dominicanos – ocupamos la posición
número 77, muy distante de los primeros lugares reservados en los primeros diez
puntajes para naciones como Suecia, Noruega, Islandia o Dinamarca. Cabe
destacar que el informe se basa en indicadores como la corrupción, expectativa
de vida, ingresos, salud, apoyo social, entre otros; lo que nos deja entender,
que a nivel de las políticas públicas enfocadas en esos sectores por nuestros
gobiernos la inversión no ha sido suficiente.
¿En qué se basa la felicidad de un país?
La respuesta no es simple ni única, pero por lo general existe una tendencia a
asociar el crecimiento económico de un país con bienestar, progreso y por tanto
felicidad. En el caso de nuestra nación, de acuerdo con las proyecciones de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL – la República
Dominicana liderará el crecimiento económico de Centroamérica con un 5.7% para
este año 2019. De acuerdo con el indicado organismo internacional en su balance
preliminar de las economías de Centroamérica en el año 2018[6], los dominicanos tuvimos
un crecimiento de 7.0% el pasado año debido, en gran medida, a la actividad
creciente del sector construcción, las comunicaciones y las exportaciones de
zona franca. Con estos datos coincide la consultora Oxford Economics, que
anticipa para nuestro país un liderazgo en el crecimiento socioeconómico para
América Latina en el periodo comprendido entre el año 2019 a 2035, con un
promedio anual de un 4.9% según fue publicado en diciembre del año 2018 por la BBC
Mundo en su versión digital[7], destacando que “la
fórmula dominicana” de este crecimiento económico, tiene como motores
impulsores la inversión extranjera y el turismo.
¿Si crecemos tanto económicamente en
nuestro Producto Interno Bruto (PIB), porque no se refleja ese crecimiento en
su gente y sus índices de felicidad? “…gracias a una mayor cantidad de
automóviles, crece el consumo de combustible y el número de víctimas de
accidentes, también crece el gasto sanitario y el de reparaciones de los
coches. Si la calidad del agua del grifo sigue deteriorándose en todas partes,
gastaremos cada vez más dinero en agua embotellada, que deberemos transportar
en mochilas o bolsas en nuestros desplazamientos, largos o cortos… en todos
estos casos y una multitud de situaciones parecidas, hay más dinero que cambia
de manos y se hincha el PIB. Esto es indudable; lo que es menos evidente es que
se produzca un crecimiento paralelo de la felicidad de los consumidores… es una
falsedad la idea de que el PIB es una medida de la felicidad de un país, pues
el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación
ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra
poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa por evaluar la
calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros
representantes… en una palabra: el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que
valga la pena vivir la vida… para concluir: pretender que la cantidad y la calidad
de la felicidad humana se pueden conseguir centrando la atención en un solo
parámetro, el PIB, es extremadamente engañoso…”[8]
Definitivamente el crecimiento económico
de un país, y prueba de ello es el nuestro, no determina el grado de felicidad
de su gente. La felicidad, sin embargo, es el objeto de todo gobierno, de toda
administración pública. De hecho, aunque nuestra Constitución no lo registra en
su contenido en estos términos, nuestras bases inspiradoras del movimiento constitucionalista
dominicano tuvieron, en su momento como modelo, a la Constitución de Cádiz del
1812 la cual en su artículo 13 expresamente señala que: “…el objeto del
Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad
política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. Y tal
como se puede rescatar de la cita del párrafo que antecede, la gente no es
feliz si sus gobiernos no les garantiza servicios públicos de calidad: “…es una
falsedad la idea de que el PIB es una medida de la felicidad de un país, pues
el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación
ni el grado de diversión de nuestros juegos…”[9], lo que equivale a decir
servicios de salud, educación, deporte y recreación de calidad.
En ese sentido, la forma en cómo un
gobierno logra parte esencial de la felicidad de sus ciudadanos es cumpliendo
con eficacia el objeto de la creación del concepto de administración pública,
que fundamentalmente es ofrecer los servicios básicos y estratégicos que
permitan no solo el desarrollo de la nación sino también el mejoramiento de la calidad
de vida de cada individuo. En efecto, veámoslo en un caso hipotético relativo a un día en la vida de un ciudadano (a)
cualquiera en nuestra sociedad:
Juan Pérez, es un empleado promedio de la
construcción que, a pesar de ser profesional de la contabilidad, no ha logrado
mejores condiciones laborales pues salir de una universidad en este país no te
garantiza trabajo. Luego de una jornada dura del día, habiendo salido a las
seis de la mañana de su casa, regresa a la misma promediando las ocho de la
noche. Para llegar a su destino, tuvo que tomar cuatro tipos de transporte
público diferentes (entre ellos, el tradicional e informal “motoconcho”), lo
que, además de la inseguridad vial y la congestión del tráfico, le representó
casi dos horas de su vida sentado en un asiento destartalado de una “voladora”.
Finalmente llega al barrio donde vive, pero advierte que – como casi siempre –
el alumbrado público de las calles no funciona, y el camino desnudo de asfalto
dificulta su marcha a pies. A ello se le agrega una ligera llovizna que,
prontamente, convirtió el polvo en una densa masa de lodo bajo sus pies que
estropeo su calzado. Juan, a pesar de que lleva años residiendo en ese barrio,
sobrecogió sus hombros y se confesó a la divina providencia para que no lo
“atraquen” antes de llegar a su humilde morada, pues el servicio de seguridad
civil del Estado, sencillamente “no entra” a ese sector por su nivel de
“peligrosidad”. Cuando finalmente llega a su casa, entra raudo y veloz al baño
para asear su cuerpo cansado. Abre el grifo de la ducha, para confirmar su
sospecha: no hay agua potable. A regañadientes, y entre mil maldiciones
pronunciadas “al gobierno”, usa los envases de agua de emergencia (dos
galones). Sale a su habitación, pensando que disfrutaría de un “airecito”
acondicionado que con mucho esfuerzo adquirió, para sofocar el clima caliente,
pero nuevamente descubre que el servicio de energía eléctrica brilla por su
ausencia y el pequeño inversor que usa, para subsidiar la falta del Estado, es
incapaz de prender el aparato. Juan, decide diluir el mal momento y saciar su
hambre con un pan duro y dos huevos que fue lo único que encontró en su
despensa. Acto seguido, se acostó entre el calor y los mosquitos en su pequeña
litera, y casi 30 minutos después, comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago
que le quito hasta el habla. Pensó en levantarse y acudir al hospital público
del sector, pero calculó a la distancia que estaba, y que ya a esa hora el
transporte público era prácticamente nulo, más la inseguridad de caminar
nuevamente por las calles, unido a la deficiente atención que de seguro recibiría
en el lugar de salud. Prefirió aguantar el dolor, y cuando ya no pudo más, no
se sabe si por prescripción divina o una reacción inusual de su cuerpo, se
quedó dormido y soñó con un país donde los servicios públicos, que se sostenían
de sus impuestos, funcionaban y tenía una vida no necesariamente feliz a
plenitud, pero lo más cercano a ella.
Los servicios públicos y las diferentes
políticas públicas de un gobierno no solo están destinadas a satisfacer las
necesidades colectivas[10], también suponen como
efecto directo e inmediato, la mejora en la calidad de vida de la gente. En el
año 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó los denominados
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que básicamente y en esencia
constituyen un norte común de las naciones del mundo de armonizar su
crecimiento económico y desarrollo con los conceptos de bienestar y felicidad
para las futuras y presentes generaciones. En el caso de nuestra legislación
adjetiva interna, el 25 de enero de 2012, fue promulgada la ley núm. 1/2012,
sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, a partir de la cual se fijaron cinco
ejes centrales del desarrollo de la nación hacía el año 2030, siendo el segundo
eje – según reza el artículo 8 de esta ley – procurar una sociedad con igualdad
de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación,
salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.
Es decir, según el preámbulo de la propia
ley, la Visión de la Nación 2030 demanda la superación de la deuda social
acumulada en la República Dominicana en materia de educación, salud, equidad de
género, protección de los grupos vulnerables y acceso a servicios básicos. El
nuevo modelo de desarrollo de la República Dominicana debe sustentarse en la construcción
de mecanismos que hagan efectiva la igualdad de derechos y oportunidades para
toda la población, como forma de asegurar el avance en la reducción de la
desigualdad social y territorial, y hacer posible que la gran masa de
dominicanos y dominicanas que hoy viven en la pobreza puedan progresivamente
elevar su nivel y calidad de vida. O dicho en términos menos ortodoxos: la
necesidad de hacer real la prestación de los servicios públicos esenciales para
que cada persona viva con un margen apreciable de dignidad como ser humano y
que, en su desarrollo individual, reciba bienestar y felicidad.
«
Conclusión »
Hoy en día se ha cambiado la felicidad por
un concepto más realizable: la búsqueda de la felicidad, de forma tal que ya la
felicidad no es un destino, sino un camino. Desde hace varios lustros pequeñas
naciones, como el caso concreto del reino del Himalaya (Bután, al sur de Asia) se
han enfocado en edificar un índice de Felicidad Interna Bruta (FIB), que por
oposición al Producto Interno Bruto busca establecer los niveles de
satisfacción de su gente con miras a implantar un sistema socioeconómico que no
tenga por base las riquezas materiales del país. De hecho, el 19 de julio de
2011, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución núm. 65/309
mediante la cual se reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo
humano fundamental para las 193 naciones que conforman ese magno organismo
internacional, y dentro de las cuales, está la República Dominicana.
La actividad administrativa del Estado
esta íntima e indisolublemente relacionada con la prestación de servicios
públicos como elemento que explica no solo la relación del Estado con los
ciudadanos sino que se convierte en fuente de legitimidad del poder público.
Los servicios públicos implican, por tanto, toda actividad de la administración
cuyo cumplimiento es indispensable a la realización y el desarrollo de la
interdependencia social y porque ella es de tal naturaleza que no puede ser
realizada completamente sino por la intervención de la fuerza que gobierna[11]. Esa fuerza que gobierna,
tal y como insta la Constitución de Cádiz del 1812, debe tener como finalidad
última la felicidad de los gobernados, felicidad esta que se alcanza en gran
medida cuando aquellos cuentan con servicios esenciales para su subsistencia
como alimentación, educación, salud, vivienda digna y otros, de no menor
trascendencia social.
La Constitución de la República
Dominicana, en su artículo 8 se describe la función esencial del Estado, y en
resumen la reduce al deber de la administración de facilitar los medios para
que los dominicanos se desarrollen como personas en un ambiente de bienestar
general y derechos de todos y todas. La manera en cómo se desarrolla la
actividad administrativa de los gobiernos del Estado tiene mucho que ver con la
concreción de ese objetivo común de las naciones del mundo. No basta con tener
gobiernos democráticamente elegidos, sin con ellos no se logra que los ciudadanos
alcancen sus fines naturales y sociales como seres humanos. La dignidad de la
gente y su calidad de vida, están íntimamente vinculados con su estado de
felicidad. De hecho, la palabra dignidad humana aparece, por lo menos, unas 11
veces en texto de la actual Constitución, lo que no es casual sino una
aspiración como país.
Referencias bibliográficas:
§
Marín Cortés, Fabián G. Los Servicios
Semipúblicos Domiciliarios. Edición 2010, editora Temis. Bogotá, Colombia.
§
Bauman, Zygmunt. El Arte de la Vida. Primera
edición, año 2009. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Buenos Aires, Argentina.
§
Proyecciones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe – CEPAL – sobre la República Dominicana: www.cepal.org
§
www.bbc.com/mundo/noticias-45450598
§
Índice de paz global, abril 2019. www.economicsandpeace.org
§
Informe Mundial de la Felicidad” (The World
Happiness Report) publicado por la Organización de las Naciones Unidas: www.un.org
§
Informe Gerencia de Estudios Económicos y
Tributarios, Dirección General de Impuestos Internos. Parque Vehicular 2018.
Disponible en: www.dgii.gov.do
§
Ley No. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013,
sobre derechos de las personas frente a la administración.
§
Ley núm. 1/2012, de fecha 25 de enero de
2012, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo.
- Resolución
núm. 65/309, del 19 de julio de 2011, la Organización de las Naciones
Unidas.
- Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010.
- Constitución de Cádiz del 1812
[1] Véase considerando cuarto, Ley
No. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013, sobre derechos de las personas frente
a la administración.
[3]
Véase informe Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios, Dirección General
de Impuestos Internos. Parque Vehicular 2018. Disponible en: www.dgii.gov.do
[4] Véase
www.economicsandpeace.org
[6]
www.cepal.org
[7] Véase
www.bbc.com/mundo/noticias-45450598
[8] Bauman,
Zygmunt. El Arte de la Vida. Primera edición, año 2009. Ediciones Paidós
Ibérica S.A. Buenos Aires, Argentina. Páginas 14-19.
[10] Véase
artículo 147 de la Constitución de la República de 2010.
[11] Marín
Cortés, Fabián G. Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios. Edición 2010,
editora Temis. Bogotá, Colombia. Páginas 41-42.
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