El poder de sancionar de la administración pública surge y se desarrolla al margen del derecho penal tradicional. Existe consenso en la doctrina que ese poder de sancionar es una manisfestación del poder de policía de la administración. Puesto que la administración puede imponer límites vinculantes a la actividad de los particulares e impartirles órdenes para la tutela de la legalidad y de interés general, se le atribuye también la facultad derivada de sancionar el incumplimiento de los reglamentos y órdenes de policía, como medio de reforzar la eficacia de su actuación y, en definitiva, su propia autoridad [1] . A través de la potestad sancionadora aplicada a quienes vulneran la legalidad administrativa, el legislador persigue garantizar la observancia de la misma y de las limitaciones y deberes que se imponen a los ciudadanos por razones jurídicas o a través de actos administrativos de obligado cumplimiento. Las sanciones administrativas son una de las manifestaciones más ...