A Charles Darwin, naturalista inglés, reconocido como el científico más influyente de la evolución biológica, le es atribuida la expresión: “no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que sabe adaptarse a los cambios”. De forma analógica, aplicado a la administración pública, los gobiernos que no son capaces de seguir el paso de la evolución de la nuevos tiempos corren el riesgo, no solo de caer en la obsolescencia, sino también de perecer en su tarea esencial respecto de los gobernados: suministrar bienes y servicios adecuados a la realidad social que se vive en el mundo moderno. Hoy en día, todo esta a un “click” o un “touch” de distancia. Estamos asistiendo a una verdadera disrupción tecnológica, es decir, aquella que se produce cuando la tecnología tiene la capacidad de cambiar de forma esencial las reglas de juego en los mercados o en algún sector dentro de la sociedad.
En el siglo XVIII, tuvimos la revolución industrial que constituyó un gran paso para el desarrollo de la humanidad, en todos los sentidos, pero posteriormente le siguió un magno evento – o como lo denominó Alvin Toffler: la tercera ola – que instaló un cambio permanente en nuestras formas de hacer las cosas. Esa tercera ola, fue el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en lo adelante, TIC). Drones que entregan los pedidos a domicilio, casas y vehículos “inteligentes”, asistente virtual controlado por voz, compras de mercancías a cientos de millas de distancia sin necesidad de desplazarnos, viajes turísticos en órbita especial, inteligencia artificial, chatGPT, smart contracts, servicios streaming, moneda digital, en fin, una interminable lista que obligó a todos los expertos del mundo a redefinir el concepto tradicional de relacionarnos. Y, por supuesto, frente a esta nueva realidad, los gobiernos no pueden permanecer ajenos desde el punto de vista, no solo de la regulación sino también de la manera de ejercer la función administrativa.
Por mandato del artículo 19.3 de la ley No. 107-13, sobre derechos de las personas frente a la administración, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. En efecto, la función administrativa, ejercida electrónicamente, no es simplemente que la institución pública cuente con un portal web informativo, donde por lo general se den a conocer las imágenes y reseñas periodísticas de las tareas desarrolladas por esa institución en un periodo determinado; como tampoco lo es, indicarle al usuario cuál es la misión y visión en un recorrido web.
La función administrativa debe ser ejercida a través del gobierno electrónico; es decir, que el Estado sea capaz de aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer las acciones de gobierno en un marco mucho más transparente que el actual. Digitalizar el gobierno no es sólo instalar unas cuantas computadoras o diseñar una página web que ofrezca información, sino que supone transformar la relación fundamental que existe entre el gobierno y los ciudadanos. La ley núm. 247-12, orgánica de administración pública, ordena en su artículo 11, que los entes y órganos de la Administración Pública procurarán utilizar las nuevas tecnologías, tales como los medios electrónicos, informativos y telemáticos, que pueden ser destinadas a mejorar la eficiencia, productividad y la transparencia de los procesos administrativos y de prestación de servicios públicos. Dichas tecnologías serán aplicadas en el ámbito público con la finalidad fundamental de innovar y mejorar la gestión y los procesos de prestación de servicios públicos, prestar servicios en línea y agilizar trámites y procedimientos administrativos que den respuestas oportunas a las demandas de la población; así como crear canales complementarios de las vías tradicionales de participación de la ciudadanía en la elaboración y gestión de las políticas públicas, entre otros.
Este mandato normativo antes citado, – en palabras del Tribunal Constitucional – “… da existencia actual a lo que se ha configurado como un derecho fundamental nuevo entre nosotros, denominado “derecho al buen gobierno o a la buena administración” que cuenta con una cláusula constitucional en el artículo 138 de nuestra ley de leyes. En ese sentido, el ejercicio de un buen gobierno también implica incorporar las TIC a la la gestión de la función administrativa – como ya ha ocurrido en otros países, como El Salvador, con el acto administrativo electrónico – pero también se deben aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial (IA) en la prestación de los principales servicios públicos. En efecto, el impacto del avance y la difusión de la IA en las operaciones gubernamentales y la prestación de servicios públicos ha sido significativo. Una de las principales ventajas de la IA es su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, lo que puede ayudar a los gobiernos a tomar decisiones más informadas y mejorar la prestación de servicios públicos. Además, la IA puede ayudar a los gobiernos a identificar patrones y tendencias que los humanos podrían pasar desapercibidos, permitiéndoles tomar medidas proactivas para resolver problemas antes de que se vuelvan críticos .
Mediante el decreto No. 1090-04, fue creada la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), institución con dependencia del Poder Ejecutivo, creada con la responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para implementar el Gobierno Electrónico en el país. Luego, mediante el decreto 54-21 la OPTIC se transforma en Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), ahora bajo la dependencia del Ministerio de Administración Pública (MAP); y es en octubre de 2023, que esta entidad y la presidencia de la República, hicieron el lanzamiento oficial de la denominada “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial”, que según la página oficial del MAP, constituye una herramienta de tecnología exponencial para automatizar los servicios ciudadanos.
Esta estrategia cuenta con 4 pilares divididos por: Gobierno Inteligente, pilar que aborda políticas relacionadas con la gobernanza de la IA mediante la creación de políticas y marcos normativos que guíen y regulen el uso responsable y ético de la tecnología de la mano con gobernanza y ética. El hub de talento humano e innovación, que busca desarrollar las capacidades y aptitudes técnicas de la población con el propósito de desarrollar el talento humano y la innovación. El tercer pilar, hub de datos, busca crear un espacio estratégico con infraestructura tecnológica avanzada para el procesamiento, almacenamiento y análisis de datos en el país. El pilar, de escala regional, tiene como objetivo el impulsar activamente un ecosistema regional de IA en Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, mediante la creación de asociaciones estratégicas con el sector privado, la academia y la sociedad civil en la región.
Ojalá, que esta estrategia diseñada por la actual gestión para integrar la colaboración de la IA a un buen gobierno, no se quede solo en buenas intenciones y proyectos sobre la mesa. Como se indicó antes, estamos en una era digital crucial para los gobiernos, cargada de retos y desafíos que, de no ser afrontados adecuadamente, pueden representar un retroceso de escala pre historica en la sociedad dominicana. Para los conocedores del tema, estamos ya en una 4ta. Revolución Industrial, matizada por la convergencia de múltiples tecnologías como el 5G, internet de las cosas, robótica, computación en la nube, ingeniería genética, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, drones, impresiones 3D, ciberseguridad, nanotecnología, neurotecnologías, blockchain, etc. Estas tecnologías están revolucionando el mundo, los hábitos de consumo en los diferentes sectores económicos y el sector público no es la excepción debido a los procesos de transformación digital en las que se encuentran inmersas las administraciones públicas, al evolucionar a lo que a lo que hoy algunos autores definen como la Gestión Pública Inteligente, que hace referencia al nuevo paradigma de la gestión pública. La República Dominicana, como un país cuya economía de viajes y turismo representó en el 2023 cerca de un 15,3% de su economía total, no puede darse el lujo de quedarse en el oscurantismo y la obsolescencia digital.
Referencias:
TOFFLER, Alvin. La Tercera Ola. 3ª ed. Madrid: editora Plaza & Janés, 1991. ISBN 84-014-5930-3
Véase TC 322/14 de fecha 22 de diciembre de 2014
Oliveira, Eloy (2023). Inteligencia artificial en el servicio público: Beneficios, riesgos y qué esperar en el futuro. Revista digital Apolitical. Repositorio: https://apolitical.co/solution-articles/es/inteligencia-artificial-en-servicio-publico
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