La administración pública realiza funciones que tienen por objetivo la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la garantía del orden político y social y del funcionamiento del mercado. Pero también genera externalidades positivas en forma de infraestructuras y servicios públicos, inclusive a favor de generaciones futuras. En ese sentido, los poderes públicos aseguran la cohesión social, sin la que la democracia política y la economía no pueden funcionar correctamente, cohesión social que, por otra parte, es la base del pacto constitucional entre el Estado y sus ciudadanos en su doble dimensión económica y territorial. En concordancia con lo anterior, el art. 2 de la ley núm. 247|12, orgánica de administración pública, señala que la función administrativa se contrae a fijar politicas y servicios públicos destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo, conforme también comporta el art. 147 de la Constitución de la República. Ahora bien, ¿cómo ...